A dos años del estallido social en Nicaragua

A dos años del estallido social en Nicaragua, por las reformas al sistema de Seguro Social INS implementadas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el matagalpino Roberto Cruz Altamirano, expreso político, nos comparte las repercusiones que ha tenido en su vida, tanto en el ámbito familiar, social, económico y político

 Cruz quien junto a cuatro dirigentes más del Movimiento 19 de abril (M19A) de Matagalpa fue secuestrado por paramilitares el 26 de junio del 2018, en el municipio de Darío, permaneció durante 11 meses en la cárcel de mayor seguridad de Nicaragua conocida como el “chipote” después de ser liberado bajo amnistía internacional los cambios en su vida han sido drásticos  “anteriormente antes de mi detención y el contexto del levantamiento social teníamos un trabajo, un negocio familiar, nuestra economía era estable”  comenta Roberto

Las limitaciones que afronta Roberto después de su liberación para su desarrollo personal son sumamente desbastadoras, ya que el gobierno no les permite salir a flote “después de mi liberación nos hemos encontrado con una pared gubernamental, donde no nos dejan trabajar, no te permiten volver intentar a levantarte, simplemente ellos quieren tenerte en el suelo” expresa Darío

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En este proceso Roberto a aprendido a usar sus habilidades y creatividad para contrarrestar los cambios en su nueva fase de su vida, en la cual ha experimentado cambios de personalidad como es la sensibilidad a la necesidad del pueblo.

El discurso de Ortega

Para Roberto Cruz el discurso de Daniel Ortega estuvo  fuera de contexto a la realidad que vive el país   ente la pandemia del covid-19 “critico a las grandes potencias que invierten en armas y no en medicina , mientras Nicaragua adquirió en el 2012 mas de 80 millones en armamento” recalco Cruz, además considera que la pareja presidencial deben enfrentar la justicia , y pagar por sus crímenes.

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 De acuerdo con la lista preliminar, presentada por la Alianza Cívica, el Comité, la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos, la Unidad de Presos Políticos de Nicaragua y la Asociación Víctimas de Abril, al menos 61 manifestantes permanecen en las cárceles.