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Los diputados Frente Sandinista en la Asamblea Nacional aprobaron la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, enviada el pasado viernes por el presidente Daniel Ortega, y que ha sido criticada por ser “ilegal” e “inconstitucional” por anular la competencia política en los comicios programados para 2021.
Sorpresivamente los sandinistas cambiaron el texto de la iniciativa para endurecer las amenazas, para incorporarle el delito de ser «traidores a la Patria» a los ciudadanos que promuevan las sanciones y protestas sociales, que para el régimen sean actos de «golpe de Estado». Con la Ley aprobada, el régimen tiene otra arma jurídica para procesar penalmente a los opositores.
El proyecto aprobado hoy y que entrará en vigencia una vez sea publicado en La Gaceta quedó prácticamente íntegro en su contenido, donde establece que los nicaragüenses que “encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben en la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización… serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”.
El diputado Jimmy Blandón, en representación de la bancada del PLC, indicó que votaron “en contra” porque “esta iniciativa” presentada por el presidente Ortega “es una norma ordinaria que es inconstitucional”, citando artículos como el 49, 171 y 178 de la Constitución Política de Nicaragua.
Además, criticó que se dejara pasar una Ley “ordinaria” que por su contenido pretende superar “el ordenamiento jurídico constitucional y en consecuencia no tendría validez para ser aplicada”.
La propuesta de «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz», que inhibe de «optar a cargos de elección popular» a todo nicaragüense que la dictadura le señale de dirigir o financiar «golpes de Estado», así como gestionar y celebrar sanciones de gobiernos extranjeros a funcionarios y al gobierno orteguista.