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El parlamento de Nicaragua aprobó este jueves 15 de octubre la polémica ley de agentes extranjeros con 70 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones, que establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en «cuestiones, actividades o temas de política interna».
Esa ley clasificará como «agente extranjero» a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad «que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua», según el texto.
Los diputados que se opusieron fueron en su mayoría los de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Yatamá, entre otros.
Durante la sesión del parlamento los diputados orteguistas se encargaron de defender la ley, y atacar a la oposición.
«Esos son a los que le tiemblan las patas (pies) cuando se menciona la Ley de Agentes Extranjeros», expuso Wálmaro Gutiérrez, diputado de la bancada sandinista.
Serán clasificados como «agentes extranjeros» quienes se dediquen a la publicación o difusión de información oral, visual, gráfica, escrita o pictórica o de cualquier tipo de material, incluida la publicación por medio de anuncios, libros, periódicos, conferencias, transmisiones, películas, tecnologías de la información y la comunicación u otros.
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También quienes, dentro de Nicaragua, perciban fondos, bienes o cualquier objeto de valor provenientes de personas naturales, Gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo de naturaleza que sea.
Además, el consultor político, los empleados del servicio de información, y los relacionistas públicos que reciban dinero del extranjero.
La nueva ley excluye de clasificar como «agentes extranjeros» a los residentes pensionados y rentistas, y a las personas que reciben remesas familiares.
También a las empresas productivas y comerciales extranjeras con filiales o sucursales en Nicaragua; las fábricas, industrias y cadenas de supermercados con inversión extranjera, sus trabajadores y prestadores de servicios; y a las personas que establezcan relaciones comerciales bajo las condiciones de acuerdos, tratados o convenios comerciales.
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Diferentes sectores de la oposición nicaragüense, organismos humanitarios, gremios empresariales, entre otros, expresaron su rechazo a esa ley bajo el argumento de que busca controlar, neutralizar y «criminalizar» a la disidencia organizada, a las ONG, a los partidos políticos, a la sociedad civil y a la prensa no oficial.
El jueves pasado, el Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución en la que pide a la Unión Europea (UE) que acuerden nuevas sanciones al Gobierno del presidente Daniel Ortega si aprueba esa ley, más una de ciberdelitos y no se presta a un diálogo nacional sobre una reforma electoral.
Redacción: Carlos Andrès Montenegro Martínez