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El Departamento de Estado de los Estados Unidos condenó al régimen nicaragüense en su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. “Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario dominado por el presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana”, describe el informe publicado este martes santo.
“El partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral” luego de haber asumido su tercer período en 2017 tras un fraude electoral.
Se refieren a «los parapolicías» como “grupos no formados, enmascarados y armados con entrenamiento táctico y organización, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad gubernamentales, bajo el control directo del gobierno, e informan directamente a la policía nacional” cuyo “control efectivo sobre las fuerzas de seguridad policiales y parapolicías” lo tiene el gobierno.
“Entre las cuestiones significativas de derechos humanos figuran: las ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el gobierno o sus agentes; desapariciones forzadas por fuerzas de parapolicía; tortura y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias carcelario y parapolicías; duras y potencialmente mortales condiciones carcelarias; detenciones arbitrarias por parte de la policía y la parapolicía; presos políticos y detenidos; represalias políticamente motivadas contra individuos ubicados fuera del país; una grave falta de independencia del poder judicial; e interferencia arbitraria e ilegal con la privacidad”, agrega.
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Los parapoliciales y las personas vinculadas al régimen de Ortega llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia enemigos percibidos del régimen, como ex presos políticos, activistas campesinos, grupos de oposición prodemocracia, defensores de los derechos humanos y el clero católico. Grupos de derechos humanos alegaron que entre octubre de 2018 y agosto, parapoliciales asesinaron al menos a 30 campesinos considerados opositores al partido gobernante.
El gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 325 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento prodemocracia de abril de 2018. El presidente Ortega fortaleció activamente la impunidad de los derechos humanos abusadores que le eran leales.