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A la luz de la importancia para Estados Unidos de impulsar procesos e instituciones democráticas en Nicaragua para ayudar al pueblo nicaragüense a lograr sus aspiraciones de democracia, y dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, he determinado que es de interés para Estados Unidos a restringir y suspender el ingreso a los Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, de miembros del Gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y otros descritos en esta proclamación quienes formulan , implementar o beneficiarse de políticas o acciones que socaven o dañen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua.
Los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar. La represión del gobierno de Ortega contra líderes de la oposición, líderes de la sociedad civil y periodistas en preparación para las elecciones presidenciales y legislativas nicaragüenses de noviembre de 2021 daña las instituciones y los procesos esenciales para el funcionamiento de una democracia.
Las acciones autoritarias y antidemocráticas del gobierno de Ortega han paralizado el proceso electoral y despojado del derecho de los ciudadanos nicaragüenses a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas.
La detención y denegación de juicios justos por parte del gobierno de Ortega a manifestantes pacíficos, líderes de la sociedad civil, líderes del sector privado, líderes estudiantiles, líderes políticos, periodistas y candidatos presidenciales en Nicaragua ahoga el discurso político y el proceso democrático.
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Las autoridades policiales y penitenciarias contribuyen al clima represivo que promueve el gobierno de Ortega mediante la realización de arrestos y detenciones por motivos políticos de personas que ejercen sus derechos humanos y la incomunicación de presos políticos, sin acceso a abogados, familiares y atención médica necesaria.
Los familiares y los medios de comunicación han informado de que algunos presos han perdido mucho peso durante la detención, no pueden caminar sin ayuda, han estado recluidos en régimen de aislamiento y son sometidos a frecuentes y extensos interrogatorios.
El gobierno de Ortega controla múltiples servicios de seguridad, incluidos parapoliciales no uniformados, armados y enmascarados, que abusan de las personas para promover la agenda autoritaria del gobierno de Ortega, incluso acosando, amenazando y cometiendo violencia contra quienes se oponen al gobierno. Miembros de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN), junto con turbas violentas de simpatizantes progubernamentales también controlados por actores gubernamentales, han atacado instituciones religiosas en represalia por su apoyo a líderes políticos y religiosos.
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Los funcionarios municipales, actuando bajo órdenes directas del gobierno de Ortega, han dirigido la violencia contra manifestantes a favor de la democracia en sus comunidades y otros actores locales opuestos al gobierno. Por ejemplo, los alcaldes y las oficinas de los alcaldes leales al gobierno de Ortega han organizado y canalizado fondos estatales a grupos parapoliciales involucrados en la represión violenta.
Estos funcionarios municipales ejercen un enorme poder político y una autoridad presupuestaria discrecional, que les confieren los niveles más altos del gobierno de Ortega. El clima de miedo establecido y perpetuado por estos funcionarios municipales ha disminuido la posibilidad de elecciones libres y justas y ha socavado la democracia en Nicaragua.