Radio Notimat La De Los Matagalpinos | Lideres En La Zona Norte
A raíz de la detención de la presa política de Matagalpa Marìa Esperanza Sánchez, las repercusiones hacia su familia han sido drásticas, no logran conseguir trabajo por el hecho de ser opositores, lo cual ha sido un impedimento para costear los gastos de viajes para su visita y medicinas de la encarcelada política.
“Hemos estado teniendo una situación difícil, en cuanto a poder subsistir y poder proveer alimento a mí mama y su medicina, poder hacer los viajes para poder ir a verla, se nos ha hecho difícil con esto del desempleo” expresa Sherly Sánchez hija de la encarcelada política.
Aparte del desempleo que los familiares de Sánchez sobrellevan, “pues se han dado otras situaciones, no sé si en represalia a la familia, pues porque nos podrían dar ayuda a la familia y se le han cerrado puertas en cuanto a empleo o gestiones que tengan que hacer, estos nos ha afectado como familia” denuncia la hija de esperanza Sánchez.
Para Juan Ramón López, hermano de la opositora política hay antecedentes de represión gubernamental a nivel económico y laboral en la familia que se vuelven a repetir en la actualidad.
Te puede interesar: Nicaragua necesita políticos de un alto perfil ético
“El papa de ella en 1960, el camarada Santos Sánchez, incluso trabajando para una constructora, como el encabezaba la lucha cívica para ese tiempo, él fue despedido y orientado a toda la patronal para que no se le diera trabajo en ningún lugar” expresa el hermano de Esperanza Sánchez
Suscríbase a nuestro Canal de You Tube
Ante esta panorama tan adverso que atraviesa los familiares de Sánchez es notable la solidaridad de personas allegadas y miembros del círculo familiar , los cuales han iniciado una campaña con el objetivo de recaudar fondos para así poder puedan llevar alimentos y medicinas a la presa política.
Si deseas leer: Piden más accesibilidad para los no videntes
La activista nicaragüense y presa política María Esperanza Sánchez fue sentenciada este 6 de julio 2020, a 10 años de prisión y una multa de 31 mil córdobas. La activista de 51 años tiene varias condiciones de salud la cual según sus familiares he presentado mayores complicaciones.
Redacción: Carlos Andrès Montenegro Martínez