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En una audiencia de la CIDH donde se denunció la negligencia estatal en favor de las comunidades indígenas, la Procuradora General de la República desestimó los casos presentados por la sociedad civil.
Marcela Inés Posta Simón, defensora indígena, fue agredida en Bilwi, Costa Caribe Norte de Nicaragua, el 21 de junio de 2019 cuando participaba en una manifestación pacífica en protesta por la imposición de autoridades locales. Los tres agresores le fracturaron un brazo y le provocaron la pérdida de visión en uno de sus ojos. Uno de sus agresores es trabajador del Gobierno Regional de Bilwi. El ataque permanece en la impunidad y el Estado no reconoce este caso.
Mientras la sociedad civil del Caribe de Nicaragua sigue reclamando al Estado mayor determinación en su trabajo para prohibir, perseguir, acusar y condenar a colonos que han invadido sus tierras y han herido o acosado a sus habitantes, el Gobierno de Daniel Ortega se dedicó a desmentir las acusaciones
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Desde el año 2011, la violencia contra los pueblos indígenas del Caribe ha dejado al menos 49 muertos, 53 lesionados, 46 secuestrados y 4 desaparecidos y ha provocado el desplazamiento de unos mil miskitos de 12 comunidades, denunció Lottie Cunningham, abogada y activista por los derechos indígenas.
Al borde del etnocidio
Sin embargo, durante una audiencia virtual que organizó este 18 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para abordar los impactos de la colonización de las tierras indígenas en la costa Caribe de Nicaragua, la procuradora general de la República, Wendy Morales Urbina, estimó que estas cifras “no son acordes con la realidad”.
En febrero pasado, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos, envió una carta al Gobierno nicaragüense en la que pedía una investigación del asesinato en noviembre de 2020 de Nacilio Macario, un líder mayangna que combatía las explotaciones mineras y forestales ilegales.
El pasado 4 de marzo de 2021, colonos atacaron un pueblo mayangna en la zona de Kimak Was, de la Costa Caribe, dejando una persona herida con cinco impactos de bala y secuestrando temporalmente a otra persona. Ninguno de estos casos ha sido investigado.
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Cunningham aseguró que estas zonas se encuentran “al borde del etnocidio” porque los colonos actúan prácticamente con impunidad. Especificó que solo el año pasado se registraron 13 asesinatos, 8 heridos, 2 secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad de poblaciones que habitan a lo largo de los ríos Waspuk y Bocay.
“El Estado no ha brindado información sobre las investigaciones de estos casos ni sobre las protecciones cautelares que tienen unas doce comunidades”, aseguró Cunningham.
Fuente / Expediente Publico