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En Nicaragua desde el 2018, el pueblo nicaragüense atraviesa por una crisis de violación de los derechos humanos por parte de la pareja presidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, donde existe una falta de voluntad del Estado para garantizar la rendición de cuentas y una consolidación de la impunidad; hasta la fecha considera el defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca más Juan Carlos Arce, que en “en Nicaragua existe el peor escenario para la defensa de los derechos humanos”
“En este contexto de la historia reciente del país, es difícil trabajar, es difícil defender derechos y decir lo que piensas, sobre todo para las personas que están en Nicaragua y evidentemente para los que están en el exilio como es mi caso y los más de cien mil que se han visto obligados a salir del país” refiere Arce
Además, hace entrever el abogado que el riesgo que existe en este país es enorme en referencia a que el gobierno nicaragüense hace uso de todas las formas de represión en contra de quienes se presenten como opositores.
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“El brazo de la dictadura es un brazo largo, y como hemos podido ver esta están caracterizado por un profundo sentido de venganza, donde no hay ningún límite de acción en cuanto al ejercicio para hacer daño, esta gente tiene altos estudios para hacer la maldad” afirma Juan Carlos Arce
En el 2021 es el peor escenario para la defensa de derechos humanos
A tres años que en Nicaragua se estableció un estado policial en este año 2021 se vive el peor escenario posible para el ejercicio de derechos humanos donde “las fuerzas represivas es decir en este caso la policía, que ya no se le puede decir Policía Nacional, porque es un ente al servicio del régimen para la represión”
“La Oficina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han documentado graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas. Sin embargo, las autoridades estatales han negado hasta el momento cualquier responsabilidad y, más bien, han culpado a los líderes sociales y de la oposición, a los defensores de los derechos humanos y a los manifestantes de lo que ellos llaman la “violencia golpista” y de la repercusión negativa en la economía del país”, se lee en el documento.
Redacción : Carlos Andrés Montenegro