La sanción a Caruna: un terremoto financiero

La sanción a Caruna: un terremoto financiero

La semana pasada, los clientes del residencial Valle Sandino, ubicado al noroeste de Ciudad Sandino, recibieron una carta en la que un funcionario de la oficina de Seguimiento y Recuperaciones de la Caja Rural Nacional (Caruna), les indicaba cómo abonar a sus deudas, después que los sancionara el Tesoro estadounidense.

La decisión de la Administración de Donald Trump, que también se llevó por delante a la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, y al secretario privado de Daniel Ortega, Paul Oquist, generó un terremoto financiero tan grande, que obligará al último brazo financiero del régimen a limitar sustancialmente sus operaciones, si no es que, a cerrar, según el criterio de varios profesionales entrevistados por CONFIDENCIAL.

“Con el objetivo de crear un mecanismo que ayude a nuestros clientes con el cumplimiento de sus compromisos con nosotros, le comunico que todos los abonos y pagos de crédito, deberá realizarlos únicamente en efectivo, debido a la imposición del Sistema Financiero Nacional a usted como cliente, y a nosotros como acreedor”, dice la carta, que soslaya el hecho de que es la empresa la que fue objeto de una sanción internacional.

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“Entre una sanción y otra, la familia Ortega Murillo está perdiendo centenares de millones de dólares. Estados Unidos les dio un encadenamiento de golpes a la columna vertebral de su sistema empresarial, y eso los ha obligado a buscar testaferros, y a desarmar su sistema”, observó la historiadora Dora María Téllez.

Caruna jugó un papel central en el esquema de privatización de la cooperación estatal venezolana con Nicaragua, convirtiéndose por un tiempo en el brazo financiero del ALBA, hasta que ese papel fue transferido al Banco Corporativo (BanCorp), en la forma de un gigantesco fideicomiso de más de 2500 millones de dólares, que fue devuelto a Caruna cuando Estados Unidos sancionó al citado Banco, obligándolo a desaparecer.

El destino de ese fideicomiso es solo una de las grandes interrogantes que se plantean los profesionales entrevistados para elaborar este texto, que accedieron a hablar con CONFIDENCIAL bajo promesa de mantener sus nombres en el anonimato.

Otra pregunta tiene que ver con la composición de ese fideicomiso, pero también, con cosas más sencillas: “¿por qué no vemos filas de gente sacando su dinero de las sucursales de Caruna, o haciendo filas para pagar?”, preguntó una de las fuentes, un economista que cuestiona el uso que se le dio a la cooperación venezolana.

“Caruna está dividida en dos partes: la cooperativa propiamente dicha, con socios (personas naturales), que reciben préstamos, etc., y la parte que maneja los fondos ALBA, que es monstruosamente grande, y pasó el BanCorp, pero no sabemos si regresó a ellos con el cierre del BanCorp”, dijo por su parte, un alto ejecutivo de una empresa de microfinanzas.

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“No se sabe qué pasó con el fideicomiso, y qué van a hacer con todo ese efectivo. Por eso, todo lo que te diga será una adivinanza”, advirtió un auditor contable, admitiendo que “pueden comprar bonos y acciones, pero no hay suficientes ‘papeles’ en el país como para invertir todo ese dinero”.

A partir de ahí, expresa su temor —compartido por otras fuentes— por el riesgo de que ese efectivo aumente la corrupción, o se invierta en actividades ilícitas. “Estas son las oportunidades de ‘negocio’ que buscan las fortunas ligadas al narco, para tratar de ampliar sus intereses hacia otras actividades económicas”, señaló una de las fuentes.

La deuda de Caruna está ‘contaminada’

El gigantesco fideicomiso que Caruna entregó al BanCorp era, más que todo, una enorme lista de cuentas por cobrar: desde préstamos a entidades estatales (a Enacal, a las alcaldías, al INE o el Ministerio de Energía, para subsidiar la tarifa eléctrica), hasta urbanizadores, o ciudadanos comunes que recibieron créditos para consumo, o para comprar una casa o un carro.

Las fuentes advierten, en primer lugar, su duda de que la Caja Rural Nacional sea capaz de vender esas deudas, por considerar que su valor es cercano al cero.

“Imagino que tratarán de venderlos, que es lo que haría cualquier empresario en problemas, pero esas deudas no valen nada”, consideró Téllez. Si se decidieran por ese curso de acción, “la opción es que aparezca un tercero que corra el riesgo de involucrarse y perder”, añadió escéptica.

“Hay un elemento clave, que es el tema reputacional”, dijo al valorar las consideraciones que están haciendo en estos momentos las personas que deciden en Caruna. “Adiós a tu reputación. Tenés que cerrar. Por eso, y por un tema operativo: ya no tenés posibilidades de hacer transacciones electrónicas con el resto del Sistema Financiero Nacional, y eso es insostenible”, detalló un ejecutivo de la empresa de microfinanzas.

Este ejecutivo rechaza de plano la posibilidad de que una empresa como aquella para la cual él trabaja, u otra del sector, pudiera comprar la cartera de Caruna por una fracción de su precio nominal, por considerar que “está contaminada. Es radiactiva. Son papeles que te contaminan”, enfatizó.

“El que los compre puede ser objeto de una sanción estadounidense. No solo eso, los bancos podrían adelantarse y cerrar las cuentas del comprador, para prevenir que sus bancos sucursales en Estados Unidos se pongan nerviosos, y se las cierren a ellos”, ilustró.

Aparentemente, el ‘riesgo contagio’ del que hablan no afectaría al Estado… a menos que el sancionador así lo quiera.

“El fideicomiso estaba constituido por deudores de casas, de buses, de las empresas energéticas, de las alcaldías, de Enatrel, y otras inversiones”, dijo el ejecutivo. En el caso de las entidades del Estado, “no tendrán problema, primero, porque son deudores, igual que los del BanCorp, y segundo, por ser del sector público; si fueran privados, seguro que sí”, añadió.

El auditor contable lo resuelve de una manera más sencilla. Su opinión informada es que “a ellos [las autoridades del partido y del Gobierno que están implicadas en la operación] no les importa el efecto contagio, porque si les importara, no estaríamos viviendo esto”.

Otro economista entrevistado explica que “son partes relacionadas, y no se sabe cómo lo están manejando. También hay préstamos por varios centenares de millones a las generadoras privadas, pero supongo que el cobro ya va incluido en la tarifa” que pagan los consumidores.

“Caruna tiene que cobrar deudas con Enacal, con Enabas, con el sector energía. Aunque es difícil que Estados Unidos vaya en contra de una institución pública, la resolución no hace excepciones”, así que siempre hay espacio para que maniobren contra cualquier entidad estatal, explicó uno de los economistas.

¿Y si no le pagan?

Además de las deudas de seis ceros, Caruna tiene multitud de clientes de medianos ingresos a los que debe cobrar infinidad de préstamos personales, como a los clientes de Valle Sandino, cuya deuda podría originarse en el hecho de que Caruna financió el préstamo para construir el reparto, o porque el cliente sacó el préstamo directamente con esa entidad, así que es a ellos a quienes tienen que pagar, explicó una profesional del sector inmobiliario.

La actitud que asuman los deudores marcará la viabilidad financiera de la Caja Rural Nacional, porque la mayor parte de sus activos son cuentas por cobrar, lo que hace suponer a los profesionales entrevistados que no dispone de suficiente efectivo en caja para hacer frente a una corrida de depósitos. Igual que cualquier banco o entidad financiera.

“Yo creo que ellos tendrán problemas para pagar a sus afiliados, y para devolver los recursos a sus ahorrantes, siendo que no puede recuperar los créditos a la misma velocidad”, dijo la historiadora Téllez, alertando que se trata de gente pobre que puede perder sus recursos.

Consultado, el auditor contable cuestiona si las autoridades accederán a disminuir el encaje legal de la Caja Rural para que tenga suficiente flujo de caja, preguntándose cuánto efectivo tendrá en sus bóvedas, y dónde guarda el resto.

“No ves gente retirando sus recursos, pero tampoco ves gente pagando”, dijo por su parte uno de los economistas, quien supone que los deudores pueden estar pensando en la conveniencia de pagarle a una entidad sancionada, por temor al ‘contagio’, sin descartar que haya quienes lo usen como excusa para no pagar.

“En ese sentido, esta decisión estadounidense es una medida de redistribución de la riqueza, porque ¿cuántos van a pagar?”, se preguntó.

El ejecutivo de microfinanzas expresó una opinión similar, al vaticinar que muchos deudores no van a pagar “por viveza. Si tenían una mora alta, como se suponía, ahora son más de la mitad los que van a quedar sin pagarles, así que ellos no podrán devolver los ahorros”, explicó.

Aunque no se descarta que la familia gobernante pueda usar la fuerza policial, o hasta el desalojo o decomiso de los bienes financiados con recursos de Caruna, una de las fuentes cree que esto será cada vez más difícil, porque, a su juicio, el régimen sigue perdiendo músculo financiero para pagar a sus fuerzas represivas.

El auditor contable se pregunta si la entidad tiene suficiente respaldo para aguantar una salida masiva de ahorros. “Si tienen menos depósitos, tienen que ofrecer menos créditos, y reciben menos intereses, lo que obliga a reducir personal. Si Caruna recibe remesas, ya no podrá hacerlo, y los clientes tendrán que buscar otras entidades del sistema financiero”, añadió para graficar otro problema más que tendrán que enfrentar los administradores de la empresa.

Fuente: Confidencial

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