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Para el doctor y master en derecho penal Harry Valle, considera que, al aprobarse la iniciativa de ley de cadena perpetua, esta no ayudara a disminuir los casos de violencia y femicidio en el país.
El gobierno de Daniel Ortega ha enviado al Parlamento, bajo su control, dos proyectos de ley que pretenden desarticular todo músculo opositor en Nicaragua: la instauración de la cadena perpetua para “castigar crímenes de odio” y la criminalización de todo financiamiento externo, al alegar razones de seguridad.
Para el master en derecho penal Harry Valle, aplicar una prisión perpetua a un sujeto, que ha cometido un hecho otros, ya sea un asesinato o un femicidio, abuso sexual o una violación a una niña o niño o fémina, estaría en contra en lo que está establecido en la constitución política.
“Al imponerte este tipo de medidas, privativa de la libertad, vendría a generar un mayor costo a la sociedad, porque al confinarse un individuo de forma perpetua en la prisión genera mayores gastos a la entidad pública” afirma Valle
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Establecer la penalización de la cadena perpetua en Nicaragua, con la que según la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo busca frenar la violencia, abusos y crímenes contra la mujer, sería otro fracaso más del régimen si esta no es acompañada de políticas públicas de educación y prevención que involucre a las diferentes instituciones del Estado, actores sociales y ciudadanía, manifiestan juristas y defensores de derechos humanos. De lo contrario, acabaría como la Ley 779, Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. Fuente la PRENSA
Cabe señalar que ante los casos de femicidios ocurridos en el país posterior a aprobarse la iniciativa de ley no podría tener un efecto retroactivo “se tendrían que juzgar los hechos conforme a la legislación que estaba vigente en el momento de comisión del hecho” expresa Valle
Esto quiere decir que las leyes penales se aprueban de forma retroactiva, todo ello cuando favorecen al reo, no para perjudicarlo.
El jurista y exdiputado Núñez explicó que necesariamente se tendría que reformar la Constitución para establecer la cadena perpetua, lo que supone un proceso complejo puesto que primero se deberá modificar la Ley Orgánica del poder legislativo para recortar la actual legislatura y abrir un nuevo período, debido a que es la única vía legal para que los cambios constitucionales cumplan el requisito de ser aprobados en dos legislaturas.
Redacción: Carlos Andrès Montenegro Martínez