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“Domingos negros” les llama la población. Cada domingo las estaciones de combustible de Nicaragua cambian los precios de sus pantallas. En el pasado solían subir o bajar, según el comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos. Pero desde hace 19 semanas, los precios de los combustibles dejaron de bajar y solo han subido, hasta convertirse en los más caros de Centroamérica.
Ninguna de las razones comerciales que han dado explica esos precios, dice el economista Enrique Saénz quien se pregunta: “¿Cómo es que el resto de países de la región, que igual no producen petróleo y con condiciones similares a las nuestras, tienen precios 50 centavos de dólar promedio por galón más bajo que el de Nicaragua?”
“Hay un monopolio en la importación y distribución de combustible y ese monopolio lo tiene la familia Ortega Murillo”, asegura el también economista Oscar René Vargas. “Ellos determinan los precios a su gusto y antojo y ese dinero no va al Estado sino a la propiedad privada de la familia Ortega y Murillo”.
La familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo maneja el monopolio de los combustibles en Nicaragua, según los especialistas.
Igual piensa Enrique Sáenz. Según el economista, para evidenciar el sobreprecio que sufren los combustibles en Nicaragua se deben analizar los márgenes de ganancias del negocio en comparación con otros países del área y no siempre el precio final, porque los impuestos que se cargan son distintos en cada país.
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Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) determinó que los márgenes de utilidad de Nicaragua comienzan a separarse de manera pronunciada de los márgenes de utilidad del resto de países de Centroamérica a partir del año 2007.
Al 15 de marzo Nicaragua lideraba los precios de los combustibles en Centroamérica. Fuente: Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC)
“¿Que ocurrió a partir del 2007?” se pregunta Enrique Sáenz. “Dos cosas: en primer lugar, llegó al gobierno Daniel Ortega y, en segundo lugar, ellos asumieron el monopolio de las importaciones y de una parte de la distribución de hidrocarburos”.
Sáenz insiste en que la explicación a los precios de ahora se encuentra en el pasado. Recuerda que en el gobierno anterior a Ortega, con la presidencia de Enrique Bolaños, el negocio de los hidrocarburos en Nicaragua estaba igualmente en manos privadas y los márgenes de utilidad eran más o menos iguales al resto de países centroamericanos.
Tras la llegada al poder de Ortega en enero de 2007, se establece un acuerdo con Venezuela y se crea Albanisa, una poderosa empresa binacional que manejaría casi la totalidad de las importaciones de petróleo y combustibles terminados, unos seis millones de barriles anuales.
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Según el acta de constitución de Albanisa, el 49 por ciento de las acciones pertenecían a la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic) y el 51 por ciento restante a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Sin embargo, pronto se empezó a cuestionar que la participación estatal nicaragüense servía básicamente para poner a disposición de Albanisa los recursos estatales, y el secretismo con que se manejaron las cuentas impedía ver quién se quedaba con las ganancias.
Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, fue sancionado por Estados Unidos por supuestamente ocultar en empresas de “fachada” las ganancias de la distribución de combustible.
Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, fue sancionado por Estados Unidos por supuestamente ocultar en empresas de “fachada” las ganancias de la distribución de combustible.
Para el 2011, Petronic reportó al presupuesto nacional ganancias por el orden de apenas dos millones de dólares, cuando ya la empresa manejaba operaciones superiores a los 400 millones de dólares anuales.
Para almacenar el petróleo y combustible venezolano, Ortega despojó a la compañía Esso de los tanques de almacenamiento que arrendaba, bajo el argumento que serían manejados por el Estado. Para sacar del del mercado a la petrolera estadounidense se alegó el cobró de 5.5 millones de dólares en impuestos no pagados en años anteriores.
El secretismo con que se maneja la información en Nicaragua impide establecer con documentos quiénes se quedan con las ganancias y quiénes son los dueños de las empresas creadas bajo la sombra de Albanisa. El Registro Público de la Propiedad pasó a ser “clandestino”, de tal forma que un ciudadano no puede conocer sin autorización de la empresa quiénes son los socios y el capital que manejan o simplemente encontrar la creación de una nueva empresa. Sin embargo, hay muchos hilos que conducen a la familia Ortega Murillo.
Oscar René Vargas, economista y sociólogo, considera que el dinero del sobreprecio de los combustibles está destinado a cubrir los gastos del régimen que antes se pagaban con la cooperación venezolana, entre ellos la planilla de paramilitares, que según sus cálculos anda entre los cinco mil y diez mil elementos.
“A través de ese sobreprecio del petróleo hacen que el nicaragüense pague a sus propios represores, a los paramilitares”, concluye.
Fuente / Infobae
