Sistema educativo presenta inmensos desafíos ante crisis sanitaria

La crisis sanitaria del covid-19, evidencio innumerables debilidades de la enseñanza en las escuelas a nivel mundial, su impacto en el sistema educativo nicaragüense, agudizó lo que expertos venían advirtiendo desde hace más de cinco años, una involución significativa de las enseñanzas debido a las deficiencias de infraestructura, calidad y seguridad.

Nicaragua fue el único país de América Latina que mantuvo las escuelas abiertas durante la primera ola de la pandemia y no orientó las medidas de seguridad que toda la población en general debía conocer y poner en práctica constantemente en casa y en cualquier otro lugar.

“Ya antes de la pandemia, Nicaragua tenía unos desafíos inmensos en calidad educativa un cuerpo docente que no estaba suficientemente preparado, éramos el único país de la región que todavía forma a sus maestros de primaria en nivel secundaria en escuelas normales, pero la pandemia vino a incrementar los problemas que el sistema educativo ya venía presentando” refirió la Doctora e Investigadora de la Educación Josefina Vijil.

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Nicaragua presenta la tasa más grande de abandono escolar y los peores indicadores en temas de calidad en cuestiones de infraestructura higiénico sanitaria, en esta nación de cada cien escuelas más de treinta no tienen servicios higiénicos y agua potable.

El especialista Alex Bonilla, refiere que ante la pandemia que estamos atravesando es fundamental que se invierta en infraestructura y tecnología si es que se quiere evitar que la calidad educativa retroceda aún más “se requiere una mayor inversión en infraestructura tecnológica, que el Ministerio de Educación suma un desafío de poder llevar tecnología en distintos formatos y debajo de distintos medios a los estudiantes y docentes.

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El Ministerio de Educación (MINED), es la institución estatal que recibe más fondos a través del presupuesto de educación, sin embargos expertos aseguran que los fondos destinados a esta partida siempre han sido insuficientes para resarcir los daños en el sistema educativo que se agudizaron con la crisis sanitaria de la Covid-19, como el acceso a la educación de calidad, mejoramiento de infraestructura, formación de docentes y acceso a servicios básicos.

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