La Alta Comisionada identificó un “patrón de graves violaciones de derechos civiles y políticos” que suprimió las voces disidentes en el marco del proceso electoral de noviembre de 2021 y que “creó un ambiente poco propicio para que se lleven a cabo elecciones genuinas, imparciales y creíbles”.
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Asimismo, preocupa el maltrato, hasta ahora impune, de la niñez y adolescencia en el marco de la crisis, tanto en los ataques a la integridad y vida, así como en contextos de privación de la libertad.
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De acuerdo al documento “todos estos procesos penales han estado viciado de actos nulos; los acusados han sido juzgados y procesados en secreto, violando el derecho de publicidad procesal, se ha impedido una comunicación directa y material con sus abogados, violando el derecho a la defensa”
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